La silenciosa aplicación de la Ley Antiterrorista en América Latina y el montaje de una estrategia de invasión y división de los pueblos latinoamericanosLa crisis mundial que ya es una realidad y que de a poco crecerá como una bola de nieve hace prever nuevos enfrentamientos entre la clase trabajadora y los gobiernos que alimentan el sistema capitalista.
América latina, en su condición de región privilegiada para la producción de alimentos, petróleo, recursos forestales y minerales, y también como reserva mundial de agua potable es sin duda uno de los lugares donde el imperialismo buscará establecer sus garras para controlar toda esa serie de bienes comunes. Evidencias sobran.
En los últimos años, una ley llamada "Antiterrorista" fue "sugerida" por el Pentágono a todos los países latinoamericanos, y la mayoría de ellos, incluida Argentina, han accedido servilmente a su aprobación.
El texto es prácticamente el mismo para todos los países y tiene por objetivo castigar y penalizar todo intento de organización política revolucionaria, toda acción política que atente contra la legalidad inhumana del sistema, y fundamentalmente homogeneizar formas de represión en todo el continente permitiendo en muchos casos la injerencia de tropas norteamericanas, fundamentales con su presencia para garantizar el acceso a los recursos naturales de nuestra Patria Grande.
Si bien esto no es nuevo en nuestra historia, después de quedar desacreditadas las dictaduras militares, y posteriormente las dictaduras liberales como las de Menem o Fujimori, y ahora, también desacreditadas las pseudodemocracias progresistas, como las de Kirchner, Bachelet, Lula o Tabaré Vazquez, parece ser el momento adecuado para endurecer las leyes represivas y hacerlas una sola que ataque tanto al uruguayo como al salvadoreño, al peruano como al chileno, al argentino o al colombiano.
Sin involucrarnos más en detalle en los artículos de la Ley antiterrorista, nos proponemos graficar en esta nota, como ya se está aplicando en Latinoamérica de manera implícita esta legislación retrógrada a los fines de una ocupación estadounidense efectiva en la región.
En Paraguay, algo que sucede ya hace mucho tiempo, y que en la actualidad se entremezcla con la supuesta intromisión de la guerrilla colombiana es el asesinato de campesinos en las fincas de los grandes terratenientes del país guaraní. A esto se suma la represión a la ocupación por parte del campesinado de las tierras ociosas e improductivas, en un país donde cerca del 70% de la población es campesina.
Sólo por citar algunos de estos hechos, el grupo paramilitar denominado “La Montada”, que arguye ser personal de seguridad privada, destruyó los primeros días de febrero las viviendas de unas 160 familias en un paraje rural llamado Colonia El Triunfo que abarca 2.600 hectáreas en donde se encontraban asentadas las familias desde hace ocho años. El desalojo se realizó en forma mixta, con el aparato repreviso legal y el ilegal, es decir, en presencia de la policía y de oficiales de justicia que dejaron el operativo en manos de los civiles armados.
Generalmente este tipo de causas son llamadas “invasión de tierras”, lo que da lugar a allanamientos en viviendas de campesinos que son identificados como líderes o referentes de los sectores afectados. Ese fue el caso, también en febrero pasado, del campesino Casildo López, a quien buscaban detener por ser identificado como dirigente campesino y sobre el que pesan desde entonces varias órdenes de captura.
En Paraguay, la presencia de tropas militares estadounidenses es moneda corriente hace varios años, especialmente en la zona chaqueña de Benjamín Acheval y Cerrito, donde existen efectivos yanquis operando como instructores de las Fuerzas Especiales del Ejército Paraguayo. Mientras Lugo avala impunemente la injerencia yanqui, durante este año recibió la visita de varios mega empresarios locales, como la ganadera Marys Llorens, que lo felicitó por el “operativo de seguridad” que se efectuó en alguna de las tierras aledañas a sus fincas. Los operativos de seguridad son en Paraguay un eufemismo de patoterismo contra las comunidades campesinas y asesinatos selectivos que generalmente terminan con campesinos muertos, argumentando enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad. En casi todos los casos las excusas son las mismas: o toma de tierras, o posible vinculación de un determinado personaje o una determinada colonia campesina o un determinado grupo político con las FARC colombianas.
Como muestra de la utilización constante de esta hipótesis, puede citarse la reciente noticia de la aparición de un búnker subterráneo, en estado de abandono que según la prensa habría sido utilizado por el partido Patria Libre para realizar secuestros, o por las FARC para utilizarlo como laboratorio para procesamiento de drogas. Ante cualquier hecho policial, los diarios paraguayos relacionan las hipótesis más disparatadas con la guerrilla terrorista local y las FARC.
En Chile, también durante el pasado mes de febrero, el gobierno decidió invocar la Ley Antiterrorista en el caso de Miguel Angel Tapia Huenulef, un activista Mapuche detenido tras un violento operativo simultaneo registrado en la comuna de Lo Prado, zona metropolitana, y en el sector rural de Huichahue. Fue el mismo ministro del Interior de Chile, Edmundo Pérez Yoma, quien sostuvo que en el caso del compañero Tapia Huenulef "se configuran todos los antecedentes de una organización o el intento de una organización terrorista, por consiguiente vamos a aplicar todas las medidas correspondientes, inclusive, vamos a invocar la aplicación de la Ley Antiterrorista en este caso”. Generalmente contra los mapuches se aplica la figura de "incendio terrorista", cada vez que alguna forestal que ocupa tierras mapuches arde en llamas. Esta no fue la excepción para culpar a Tapia de un incendio ocurrido en enero de este año en el findo San Leandro. La policía alega haber encontrado armas y explosivos en la casa del imputado, algo que fue calificado de plantación de prueba por su familia. El caso del compañero mapuche inaugura en Chile, y también en Latinoamérica, la aplicación abierta y no encubierta de la Ley Antiterrorista. Su aprobación en cambio, es la más antigua y data de la época de Pinochet. Con esa legislación hace “justicia” la “socialista” Bachelet.
Por otra parte, paralela a la legislación represiva surgen en América Latina, y por supuesto bajados desde Estados Unidos, varios proyectos que supuestamente proponen la integración regional. Esos proyectos son el Plan Puebla-Panamá (PPP) que cambió su denominación a “Proyecto Meso América”; el Plan Mérida que complementa a este último en México y por supuesto, el Plan Colombia.
La aparente intención de estos proyectos es crear carreteras y rutas comerciales, generar una integración energética e informática, y por último, crear un marco legal y de seguridad común a toda la región. El propósito real sí consiste en crear vías de comunicación, pero no para que integren el mercado interno latinoamericano, sino para extraer de la región los principales recursos naturales y llevarlos vía directa a los Estados Unidos.
El Plan Mérida pasa a complementar a los otros en territorio mexicano, con jugosos aportes de Estados Unidos a la seguridad, y otros aportes mucho más raquíticos destinados al desarrollo. Entiéndase al Plan Mérida como una prolongación al norte del Plan Colombia. El Plan Mérida o Plan México, cobró justificación mediática una vez que el presidente colombiano Uribe invadió territorio ecuatoriano en Sucumbíos para atacar a las FARC y asesinar a uno de sus líderes, Raúl Reyes. Desde entonces surgió la hipótesis de que la guerrilla colombiana tendría sus oficinas en México y que habría que financiar su represión también en territorio mexicano.
Como se ha visto en las noticias de los diarios paraguayos el argumento es el mismo mirando al sur: están las FARC y se vinculan a los grupos políticos locales como Patria Libre, en Paraguay. Hay que recordar que los marines controlan con su presencia y sus bases la zona de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, bajo el mismo argumento del terrorismo. Justamente allí se encuentra el Acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua dulce de Sudamérica y una de las principales del mundo y la posición es además estratégica por la cercanía con la convulsionada Bolivia, y con la zona del Río de la Plata.
Algunos especialistas en el tema, como Ana Esther Ceceña, doctora en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Paris I – Sorbona, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (México) y Coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, sostienen que después del ataque a Sucumbíos ejecutado por Colombia, pero orquestado por Estados Unidos, se busca la posibilidad de que un país latinoamericano ejecute la política de “guerra preventiva”, con la que Estados Unidos e Israel bombardean al mundo.
De acuerdo a Ceceña, “de no haber sido por esa reacción tan fuerte del gobierno ecuatoriano, realmente estarían perfilando ya una intervención directa en cualquier país del continente”.
Justamente, en la zona de la cordillera también hay recursos comprometidos del Plan Colombia para Ecuador y Perú. Ecuador por ahora está a salvo de acuerdo a las políticas soberanas que ha llevado adelante el presidente Correa, pero que hubiera pasado si la invasión ocurría en alguna región amazónica del Perú, donde Estados Unidos tiene al viejo y conocido Alan García gobernando el país por segunda vez.
Si de injerencia yanqui hablamos, existen dos proyectos de establecer bases militares norteamericanas en el Perú, en las regiones de Chiclayo y Ayacucho. Se supone que la presencia yanqui en esa zona del Perú sería inmejorable para realizar tareas de monitoreo y vigilancia hacia las zonas que realmente interesa al imperialismo yanqui, como la zona sur gasífera de Bolivia, o la zona norte y petrolera de Argentina. Geográficamente, una base militar en Ayacucho dejaría a la ciudad de La Paz en amenaza permanente, ya que podría ser alcanzada con misiles de alcance medio, mientras que una base en Chiclayo controlaría directamente la región del Amazonas y también al rebelde Ecuador, que ha elevado a rango constitucional la idea de que el país es un territorio de paz por lo que no necesita ni bases ni tropas extranjeras en su territorio. El montaje de bases en Perú sencillamente facilitará el acceso a los variados y ricos recursos naturales del país, y será asiento fundamental de ataques y movimiento de tropas al interior de Sudamérica.
Hay que recordar que el gobierno argentino tiene cautivos en la provincia de Neuquén a los compañeros Freddy y Marcelo, dos luchadores sociales que vinieron al país escapando de la persecución que sufrían en Chile también acusados de terroristas, como los seis campesinos paraguayos que permanecieron más de dos años presos en Argentina pidiendo un refugio que derivó en extradición. Los compañeros chilenos llevan ya un año presos con la soga de la expulsión al cuello, a la espera de ser juzgados por la justicia paralela civil y militar de Chile.
En ambas causas, el gobierno primero de Nestor Kirchner, y después de su esposa Cristina Fernández, actúa bajo el paraguas de la Ley Antiterrorista, avalando con la prisión las acusaciones que los compañeros tienen en sus países de origen.
Por otra parte, el año pasado justamente en una manifestación de repudio a la extradición de los seis campesinos paraguayos, se caratuló a una organización política argentina de organización ilícita, y se calificó de incendio la quema de neumáticos realizada durante la misma actividad. Ambos datos resultan quizás un ensayo, de cómo se comienza a aplicar esta nefasta ley contra todo lo que huela a reclamo u oposición.
También durante este gobierno con su mayoría en diputados ocurrió la aprobación de la ley, además de firmar en el año 2005 la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, así como ampliar la capacidad operativa del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas perteneciente a la Policía Federal Argentina.
Si faltaran evidencias del apoyo de los Kirchner a la aplicación de la Ley Antiterrorista que ellos mismos han promulgado, habría que recordar como este gobierno se ha aprovechado del atentado a la AMIA, ocurrido hace 15 años, para avalar la aprobación de la ley y de paso no entrar en conflicto con el genocida estado de Israel, que actualmente está bombardeando Franja de Gaza como nunca antes en la historia.
